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La alcaldesa de Manilva ignoró la ley al contratar obras con sus empresas.

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La alcaldesa de Manilva (IU) durante un acto oficial.

La alcaldesa de Manilva (IU) durante un acto oficial.

El País | F. J. PÉREZ / J. VIÚDEZ | Málaga

La intervención alertó de que se vulneraba el régimen de incompatibilidades.

La intervención municipal de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes) avisó a su alcaldesa Antonia Muñoz (IU) al menos en dos ocasiones de que no podía pagar facturas a la empresa Muebles y Decoración Valentín, S. L., de la que ella misma es administradora, porque incumpliría la ley de contratos del sector público. Así consta en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que se alerta de que, al proponer el pago de 41.733 euros en facturas a esta sociedad, se está incumpliendo el artículo 49.1 de esta ley, en el que se aborda las prohibiciones para contratar.

Estas apreciaciones figuran en el margen de un listado de facturas que, según fuentes consultadas, se incluyó en el orden del día de una junta de gobierno local. Los albaranes se emitieron el 29 de noviembre de 2010 y según otro informe de la intervención se dieron por buenos el 21 de febrero de 2011. Cuatro de ellos, que suman 7.740 euros, constan como pagados.

El juzgado número 5 de Estepona (Málaga) investiga una serie de supuestas irregularidades en la contratación de personal, obras y servicios de la localidad. Entre ellas figura la facturación de 666.965 euros a tres empresas vinculadas con la alcaldesa, certificada recientemente por el secretario municipal. La jueza Isabel Conejo, instructora del caso, ha imputado a la regidora por delitos contra la integridad de la Administración pública.

El secretario municipal ha remitido a la juez un listado de 91 facturas entre las que hay tres emitidas por la Carpintería Valentín, administrada por el esposo de la regidora; 40 de muebles y Decoración Valentín S. L., a cuyo frente figuran ambos esposos; y las 48 restantes pertenecen a Excavaciones Salvador González Vázquez S. L., propiedad de un primo hermano de la regidora y que acumula 479.067 euros en pagos.

El secretario asegura en su escrito que en 33 contratos no superiores a 3.000 euros “no está acreditada la realización de publicidad, ni de libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección”. De hecho, en esos casos, no existe un expediente ni procedimiento administrativo anterior a la presentación final de la factura.

El Partido Popular, personado en la causa abierta contra la regidora manilveña, aseguró ayer que el montante supuestamente facturado por las empresas vinculadas a Muñoz asciende a 1,1 millones de euros. Entre las personas “favorecidas” por la regidora, según el portavoz municipal popular, Francisco Miguel Álvarez, figuran no solo las sociedades de familiares directos de la alcaldesa sino también empresas de amigos suyos, así como las de otros concejales del municipio costasoleño.

Según la vicesecretaria provincial del PP, Margarita del Cid, estas irregularidades denotan que el equipo de gobierno de Izquierda Unida es protagonista de una presunta red de tratos de favor, del que, además, “el PSOE [socio de IU] ha sido cómplice, porque está callado en todo este procedimiento y con el silencio avala la actuación de la alcaldesa”.

El portavoz del PP en el municipio aseguró que la empresa Muebles y Decoración Valentín, de la que es administradora la regidora, ha llegado a facturar 174.513,36 euros en estos últimos cuatro años sin que se haya podido acreditar “la relación de publicidad ni de libre concurrencia” de los contratos. También precisó que el pasado 21 de febrero Muñoz “aprobó una factura y se concedió el abono de más de 68.800 euros” en una junta de gobierno local. Dos de las facturas corresponden a 10.300 euros en madera para quemar en las fiestas de San Juan en 2009 y 2010.

Asimismo, Álvarez detalló que, como consecuencia de unas inundaciones en el municipio, se realizaron, por vía de urgencia, una serie de pagos a empresas vinculadas a familiares y amigos del equipo de gobierno de Manilva. Una de estas sociedades, que facturó por decreto de la alcaldía 24.655 euros, pertenece, según el edil popular, a un cargo de confianza de IU en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

 

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