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Marbella regularizará un edificio del candidato del PP de Estepona.

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Documento de la instrucción del Caso Malaya en la que aparece el Notario de Estepona y candidato del PP, José María García Urbano.

Documento de la instrucción del Caso Malaya en la que aparece el Notario de Estepona y candidato del PP, José María García Urbano.

El País | JUANA VIÚDEZ | Málaga

García Urbano es socio en la operación de un imputado en el ‘caso Malaya’.

A los promotores que intentan regularizar sus construcciones en Marbella (Málaga) al amparo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no siempre les sale un saldo negativo. La empresa Nuevos Aires 2002 SL ha conseguido que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, le reconozca un remanente positivo de 206.485 euros tras examinar el convenio para construir un edificio que, según el anterior PGOU, ocupaba suelo de equipamiento y que todavía está precintado por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los socios de esta construcción son el abogado Juan Hoffman, considerado testaferro internacional del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y el candidato del PP a la alcaldía de Estepona, José María García Urbano, entre otros. El proyecto fue investigado en la causa contra la corrupción en Marbella, pero no forma parte del juicio.

Los dueños de Nuevos Aires 2002 han sido de los primeros en presentar una propuesta al Consistorio para regularizar su situación. En el primer año del proceso de normalización, el municipio ha recibido entre 20 y 30 solicitudes.

El edil de Urbanismo, Pablo Moro, precisa que “no se les entregará ni un duro” de los 206.485 euros, sino que esa cantidad es un “saldo positivo teórico” que se les tendrá en cuenta compensar en “futuros derechos”, como otras promociones o actividades. Moro destaca que el acuerdo incluye otras “cesiones importantes” de los promotores, como la entrega de tres de las seis plantas del edificio al municipio y el pago de las obras de acondicionamiento, algo que costará 170.000 euros, según cálculos municipales. El Ayuntamiento quiere trasladar allí las dependencias de urbanismo, ya que el municipio entregará las instalaciones que ocupa actualmente a la Junta de Andalucía para saldar una deuda.

El nuevo PGOU prevé la regularización del bloque, cuyas obras ordenó paralizar el Tribunal Superior de Justicia Andaluza. Aun así, la oposición socialista ha criticado duramente este acuerdo, en el que ven un trato de favor al candidato del PP de Estepona, y han pedido que quede en suspenso. El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado que García Urbano y la alcaldesa marbellí se expliquen. Los socios de Nuevos Aires han declinado hacer declaraciones alegando que se trata de un “asunto privado”.

“Se le ha dado un tratamiento normal. La delegación no entra en quiénes son los titulares de las promociones. Aplicamos el Plan General coma por coma y punto por punto”, señala Moro. “De los seis casos que llevamos, en la mayoría la cuenta ha salido negativa para el promotor, sólo en este ha sido positivo”, añade.

El edificio se ha levantado en el solar que ocupaba la antigua sede de Correos. El convenio para construirlo se firmó en 2001, con Julián Muñoz de alcalde. “Me parece sorprendente que se hayan dado por buenos unos acuerdos firmados en una época de legalidad dudosa y que se hayan aceptado sin más las valoraciones”, considera Javier de Luis, edil no adscrito y miembro de Ecologistas en Acción. Moro le puntualiza: “La legalidad de los convenios va por otra vía, es un hecho cierto que este promotor entregó una cantidad a cuenta, 420.708 euros, y en correlación con el edificio construido se ha estimado devolverle parte”.

El acuerdo fue aprobado el 15 de marzo en una junta de gobierno local presidida por la teniente de alcalde María Francisca Caracuel. El acta precisa que esos 420.708 euros se pagaron como “exceso de aprovechamiento”, aunque ese concepto

El comienzo de las obras de acondicionamiento está supeditado a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía levante el precinto sobre el edificio. En Urbanismo creen que no habrá inconveniente, ya que se ha llegado a un acuerdo entre las partes.

La Comisión Gestora, que gobernó Marbella tras la disolución de la Corporación, paralizó la construcción en 2006. El edificio todavía tiene un contencioso administrativo, de 2005, abierto por Francisco Reyes Gómez, propietario de un edificio cercano, que impugnó esta licencia.

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